PARA DISTRIBUCION INMEDIATA
22 de abril de 2004
CONTACTOS:
Rafael Ayuso, Unión de Consumidores, (512) 477-4431, ext. 154;
Brenda Muñiz o Lisa Navarrete, La Raza (202) 785-1670
WASHINGTON, D.C. – Un grupo diverso de organizaciones de consumidores y comunitarias a través del país están exhortando a la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission, o FTC) a que provea acceso en español a protecciones legales para ayudar a combatir el robo de identidad entre los hispanos de habla española.
El grupo de 19 organizaciones, encabezado por la Unión de Consumidores y el Concilio Nacional de La Raza, peticionó a la FTC a que requiera que las agencias de información crediticia provean asistencia en español y acceso a informes crediticios gratuitos, alertas de fraude, e información sobre cómo bloquear información negativa en informes crediticios generada por la conducta de un impostor.
Según el Censo del 2000, casi 20 millones de personas en los EE.UU. hablan español como idioma principal. Por otro lado, informes de prensa recientes han indicado que muchas víctimas de robo de identidad son de origen hispano, por lo cual requerir dicha asistencia en español pudiera jugar un papel importante en la prevención y remediación de este tipo de delito.
Por lo general, señalan los grupos, los hispanos son más propensos a:
• evitar la acumulación de deudas, tanto buenas como malas;
• usar servicios financieros de alto costo desproporcionadamente, los cuales a menudo no reportan información crediticia a las agencias de informes de crédito;
• trabajar por temporada o por contrato, lo cual les permite pagar sus deudas en ciclos irregulares y como resultado obtener puntuaciones crediticias más bajas; y
• carecer de suficiente historial de crédito como para generar una puntuación crediticia.
Los grupos criticaron a la FTC por no utilizar el proceso de escribir reglamentos para la implementación de una nueva ley federal de transacciones de crédito para requerir la asistencia en español concerniente a nuevos derechos para la prevención del robo de identidad.
En carta dirigida a la FTC, los grupos señalaron: “El acceso a información bilingüe es especialmente importante para aquellas personas cuyo idioma dominante o único es el español. El crecimiento del sector comercial de la economía norteamericana que sirve a los consumidores de habla española sugiere un interés profundo por parte del consumidor por obtener información en español”.
La capacidad de ganar acceso gratis a un informe crediticio es un elemento crucial para la capacitación de una persona como propietario de hogar o para su educación financiera en general. Además, esta información puede ayudarle a explicar a un acreedor futuro las circunstancias relacionadas a un problema crediticio en el pasado, antes de que ésta resulte en el rechazo de crédito o una oferta a mayor precio.
“El alerta de fraude es la primera oportunidad que tiene el consumidor de prevenir daños a su historial crediticio y la pérdida de oportunidades económicas como consecuencia del robo de identidad” señalaron los grupos. Para iniciar un alerta de fraude, no obstante, el consumidor debe proveer información altamente sensitiva, tal como el número de Seguro Social, a una agencia de información crediticia. El consumidor pudiera no querer compartir esta información personal sensitiva con un traductor, de ser uno necesario, si dicha agencia no tiene personal bilingüe para procesar tales pedidos directamente del consumidor”.
El mismo principio de no querer usar a un traductor por temor a revelar información personal sensitiva se aplica al bloqueo de informes crediticios cuando éste contiene información fraudulenta como resultado de la conducta de un impostor. Por ejemplo, una persona que obtiene el número de Seguro Social de otra puede asumir la identidad de la víctima y ocasionarle pérdidas crediticias que pueden afectar su crédito negativamente.
Los grupos firmantes reconocieron los avances recientes de la FTC por proveer información en español, pero añadieron: “Estos avances son valiosos, pero no toman el lugar del acceso mandatario a derechos específicos establecidos por ley en el idioma principal de la persona”.